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NIS2 sigue sin transponerse en España y la UE ya lleva el caso a Luxemburgo

Pasillo de un centro de datos con racks de servidores iluminados en azul, representando la ciberseguridad de la infraestructura digital
Imagen: adobestock79 vía Freepik

España acumula dos años de retraso en la directiva NIS2 y la Comisión Europea la ha llevado ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La directiva europea de ciberseguridad NIS2 debía estar incorporada a la legislación española desde el 17 de octubre de 2024. Más de dos años después, la ley sigue atascada en el Congreso y la Comisión Europea ha decidido pasar a la vía judicial: el pasado 9 de julio llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no notificar las medidas de transposición, en el mismo paquete que afecta a Irlanda, Francia y los Países Bajos.

Para quienes gestionamos infraestructura en la nube, centros de datos o servicios de hosting, este retraso no es un simple trámite administrativo que se resuelve algún día. NIS2 incluye de forma explícita al sector digital (proveedores de computación en la nube, centros de datos, DNS, mercados en línea) dentro de las entidades obligadas, así que tarde o temprano la norma nos va a tocar de lleno, tanto a nosotros como proveedores como a buena parte de nuestros clientes empresariales.

¿Por qué lleva tanto retraso la ley española?

El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad en enero de 2025, pero desde entonces el texto sigue en tramitación parlamentaria sin fecha cerrada de aprobación. El 9 de julio de 2026 la Comisión Europea decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber notificado las medidas de transposición de NIS2, dentro del expediente INFR(2024)0270, en la misma decisión que afectó a Irlanda, Francia y los Países Bajos. A fecha de hoy, la directiva NIS2 obligará a las entidades esenciales e importantes a gestionar sus riesgos de ciberseguridad y a formar a su dirección y a su plantilla, pero a mediados de octubre de 2026 España todavía no la había transpuesto.

¿A quién afectará la nueva ley cuando entre en vigor?

El alcance no es pequeño. La norma afecta a unas 5.700 entidades en España de 18 sectores, con dos categorías de obligaciones según el tamaño de la organización. Ahí entran desde operadores energéticos y hospitales hasta proveedores de infraestructura digital, pasando por buena parte de las pymes tecnológicas que dan servicio a sectores críticos. Los directivos son responsables personal y legalmente y pueden ser inhabilitados si no evidencian su supervisión de las medidas de seguridad, algo que cambia por completo la conversación en los consejos de administración.

¿Qué pasa si sufro un incidente antes de que la ley esté en vigor?

Aquí está la trampa del limbo normativo en el que estamos. Aunque la ley española no haya visto todavía la luz, la directiva europea lleva vigente desde enero de 2023 y España debía haberla transpuesto antes de octubre de 2024, aunque llegó con retraso. Cuando finalmente se publique en el BOE, se prevé que entre en vigor previsiblemente al día siguiente de su publicación y sin un periodo transitorio largo, lo que deja a muchas organizaciones con muy poco margen de reacción. Y una vez activa, los plazos son exigentes de verdad: alerta temprana en 24 horas, notificación del incidente en 72 horas e informe final en el plazo de un mes. Las sanciones por incumplimiento pueden llegar hasta los 10 millones de euros, según recoge buena parte de la documentación técnica sobre la norma.

Qué podemos hacer mientras la ley sigue parada

Esperar al BOE para empezar a moverse es la peor estrategia posible, sobre todo con plazos de notificación tan cortos. En AZN Cloud llevamos meses recomendando a los clientes que gestionan infraestructura crítica o dan servicio a sectores regulados que adelanten trabajo en tres frentes: inventario de activos y proveedores, procedimientos de respuesta a incidentes ya probados (no solo documentados) y copias de seguridad que permitan una recuperación real en horas, no en días.

Un backup cloud bien configurado, con cifrado y retención suficiente, es la base de cualquier plan de continuidad que vaya a pedir un auditor NIS2. Y si el servidor donde corre la actividad crítica todavía no tiene firewall gestionado, antivirus y copias automatizadas integradas, un VPS cloud con seguridad reforzada resuelve de golpe varios de los puntos que la futura ley va a exigir por escrito.

La transposición llegará, con ley aprobada o con sentencia del Tribunal de Justicia de por medio. Las empresas que ya tengan el backup probado, los proveedores auditados y los plazos de notificación ensayados no van a tener que improvisar cuando el BOE publique el texto definitivo.

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